Un tribunal anula el despido de un trabajador después de testificar contra un jefe

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha declarado nulo el despido de un oficinista que había testificado contra su jefe, señalando irregularidades en el proceso de renovación de la junta directiva meses antes de ser despedido. En una reciente sentencia (que puede leer aquí), los magistrados concluyen que su salida forzada de la empresa fue una represalia por colaborar con las autoridades, y no una decisión basada en razones económicas, como argumentó la dirección.

Los hechos ocurrieron en la Asociación de Futbolistas Españoles. El empleado participó como vocal en el proceso electoral para renovar la junta directiva y la presidencia del sindicato, cargo que le fue asignado al azar. En dichas elecciones, el jefe de recursos humanos, interventor del candidato que fue elegido presidente, mostró una actitud “irrespetuosa e inapropiada” durante la votación. Varios empleados pusieron en conocimiento de la policía esta situación y otras sospechas de irregularidades en la votación

La empresa en cuestión arguyó problemas económicos para justificar el repentino despido del oficinista, tan solo siete meses después de prestar declaración con la policía. Los jueces, sin embargo, han rechazado esta tesis y han puesto de relieve que las cuentas del organismo no solo estaban saneadas, sino que además había beneficios, y para más inri el rendimiento del trabajador no había descendido.

Subyace así que el despido, en realidad, fue una represalia por testificar contra un superior. Judicializado el asunto, los magistrados argumentan que la libertad de expresión es un derecho fundamental y, como tal, está especialmente protegido por las leyes. Así, despedir a un empleado por ejercer su libertad de expresión, aunque vaya en contra de los intereses de un superior o de la empresa, es una decisión que deviene nula, recuerdan los jueces.

No hay un deber de lealtad infinita

En cuanto al conflicto de intereses, parafraseando al Tribunal Supremo el TSJ de Madrid recuerda que no existe un deber genérico de lealtad a la empresa por parte de la plantilla. De forma que, si bien el respeto al interés empresarial es importante, dicho compromiso tiene sus límites. Uno de ellos es que el trabajador tiene derecho a comunicar información veraz. La empresa no puede obligarle a callar, mucho menos tomar represalias laborales por ayudar a la policía.

Consecuencia de todo es que el tribunal madrileño ha confirmado la nulidad del despido del administrativo. Sin embargo, ha rechazado concederle los 25.000 euros de indemnización que solicitaba y ha reducido esta cantidad a 1.000 euros, más los salarios dejados de percibir, y la obligación de devolverle el empleo.